Concepto de software libre

En 2002 la Junta de Extremadura llevaba varios años trabajando para incorporar la región a la sociedad de la información. Estaba a punto de iniciar una revolución educativa sin precedentes: se proponía informatizar las aulas de los institutos de secundaria instalando un ordenador personal por cada dos alumnos. El coste de los ordenadores era algo asumible, pero si se le sumaba el coste de las licencias de software el presupuesto se disparaba haciendo imposible el proyecto. La solución al
dilema fue sencilla: utilizar software libre.

¿Pero qué se entiende por software libre? Pues se entiende por software libre aquel que cumple con las llamadas cuatro libertades:

  • Libertad 0: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito.
  • Libertad 1: la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
  • Libertad 2: la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar a tu prójimo.
  • Libertad 3: la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.

El sistema inicial sobre el que se comenzó a trabajar fue una Debian (una distribución GNU/Linux) que, en virtud de la libertad 2, fue obtenido gratuitamente. En virtud de la libertad 1 fue modificado para adaptarlo a las necesidades del sistema educativo extremeño y creando, de esta forma, el sistema operativo LinEx. LinEx, en virtud de la libertad 2 fue distribuido gratuitamente a todo aquel que quiso una copia y en virtud de la libertad 3 su código fuente se puso a disposición de cualquiera que quisiera adaptarlo a sus necesidades y reutilizarlo.

El 17 de marzo de 2002 Linex 2.0 fue presentado oficialmente a la prensa. Se realizó una gran campaña publicitaria e incluso se repartieron copias del sistema operativo en CD, gratuitamente, por la prensa regional.

El hecho de que una administración autonómica se decidiese a participar en el uso, promoción y desarrollo del software libre disparó las alarmas de la industria del software privativo, principalmente de Microsoft, que consideró el acontecimiento como una amenaza. El hecho de que Andalucía siguiese los pasos de Extremadura al crear Guadalinex tampoco gustó nada a la multinacional norteamericana. En los años siguientes otras administraciones autonómicas siguieron la estela de Extremadura y Andalucía, y el software libre comenzó a extenderse por todo el país.

¿Por qué se estaba despertando este interés por un tipo de software tan poco conocido? Para empezar el uso de software libre por parte de las administraciones públicas implicaba una reducción de costes en lo relativo a licencias de software, ya que el software libre se distribuye gratuitamente. Había, además, ventajas añadidas, como la posibilidad de modificar el software tanto como se desease sin necesidad de pedir permiso a nadie, la facilidad para coordinar los sistemas informáticos de las distintas administraciones, la independencia tecnológica, etc.

El Congreso de los Diputados a favor del software libre

El 12 de diciembre de 2006 Lourdes Muñoz Santamaría, una diputada del PSC-PSOE que el año anterior había propuesto la redacción conjunta de una proposición de ley sobre software libre, defendió una propuesta a favor del software libre que fue aprobada casi por unanimidad.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la promoción del software libre, con las enmiendas transaccionales incorporadas, se aprobó por 299 votos a favor, uno en contra y una abstención. Algún tiempo más tarde los intereses comerciales se impusieron y el software libre comenzó a perder apoyo político (incluso entre el PSOE, partido político en el que había nacido esta propuesta) pero aquél día el apoyo era casi unánime.

¿Pero cual era el texto que había conseguido la casi total unanimidad del Congreso? Todavía puede leerse en la web de la propia Lourdes Muñoz Santamaría:

162/000502
Proposición no de Ley,
relativa a la promoción del software libre.

Motivación

Existe un ámbito que preocupa particularmente a los y las socialistas, es el ámbito de la libertad. Debemos generar condiciones para la libertad de opción, en concreto la libertad de elegir el software utilizado para cada necesidad.

La competencia es buena, genera alternativas, es bueno que los mercados tengan muchas ofertas (compatibles entre ellas) también del sector del software.

Los poderes públicos, como responsables máximos de la mejora de calidad de vida de los ciudadanos, deben participar en la evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como velar, en todo momento, para aplicarlas en beneficio colectivo.

Valoramos muy positivamente fenómenos como el software libre y los estándares abiertos, fruto de la organización, la colaboración en el diseño y la dedicación tanto de reconocidos impulsores, personas anónimas y empresas interesadas en un bien común.

El movimiento del software libre empezó con el proyecto GNU. Según la wikipedia, en la página referida a la definición de Software Libre:

«Software libre es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente.

El software libre suele estar disponible gratuitamente en Internet, o a precio del coste de la distribución a través de otros medios. En 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en el proyecto GNU, y un año más tarde fundó la Free Software Foundation (FSF). Staliman introdujo una definición para “free software” y el concepto de “copyleft”, el cual desarrolló para dar a los usuarios libertad y para restringir las posibilidades de apropiación del software [1].

Una vez que un producto de software libre ha empezado a circular, rápidamente está disponible a un coste muy bajo o sin coste. Al mismo tiempo, su utilidad no decrece. Esto significa que el software libre se puede caracterizar como un bien público en lugar de un bien privado. Aunque realmente no lo es en ningún momento.»

En el ámbito empresarial hay que mencionar que existen grandes empresas de éxito que ofrecen apoyo técnico, financiero y comercial al software libre; en España hay más de 200 empresas de desarrollo de software que han optado por el software libre.

Queremos destacar las ventajas que aporta la utilización de software libre a la sociedad:

  • Optimización del coste de acceso al software. — Frente al software propietario, en el que gran parte de la inversión económica recae en el coste de la licencia, y que sólo beneficia a la empresa productora del programa; en el software libre, no hay coste de licencia, ya que ésta otorga el derecho de copiarlo, con lo cual se abarata el precio del programa.
  • Fomento de la innovación tecnológica.—Al disponer del código fuente, cualquier técnico o empresa puede desarrollar mejoras. Así se contribuye a la formación de profesionales de nuevas tecnologías y al desarrollo local, en el caso de concurrir factores de creación de conocimiento y planes estratégicos.
  • Independencia del proveedor.—Cualquier empresa o profesional con conocimientos adecuados puede continuar ofreciendo desarrollos o servicios para la aplicación concreta. El software libre puede ser utilizado después de haber desaparecido la empresa o grupo que lo elaboraron, ya que cualquier técnico informático puede continuar manteniéndolo, desarrollándolo, usándolo, mejorándolo y adaptándolo. Fomenta la independencia tecnológica, la competencia, la libertad de opción en el mantenimiento y una mayor oferta de formación competitiva.
  • Seguridad y privacidad de los datos.—Da lugar a confianza por transparencia. Cualquier persona puede ver cómo se almacenan los datos. De este modo, se garantiza la perdurabilidad de la información; con lo cual, existe mayor dificultad para introducir código malicioso, espía o de control remoto, ya que el código fuente puede ser revisado y se pueden detectar posibles «puertas traseras» «backdoors».
  • Facilita el fomento de las lenguas propias.—El software libre ofrece mayores posibilidades para disponer de versiones en lenguas minoritarias, ya que cualquiera puede traducir y adaptar un software libre a cualquier lengua. Tenemos experiencias de entidades como Soft-Català o usuarios individuales que han conseguido crear y mantener programas libres traducidos al catalán con reconocido éxito. Se debe tener en cuenta que España es un país multilingüe y que los procesos de globalización nos exigen un esfuerzo para que el idioma no constituya una barrera a la accesibilidad de los contenidos.

Es clave, pues, impulsar políticas públicas activas para el desarrollo del software libre. Creemos que los gobiernos deben actuar con criterios de generar libertad de opción y elección entre la ciudadanía, por eso es esencial también garantizar la interoperabilidad y la utilización de estándares abiertos.

En efecto, la interoperabilidad tiene un protagonismo prioritario, como se expone en la Comunicación de la Comisión sobre Interoperabilidad (COM 45/2006).

Igualmente, el Plan de Acción 2010 considera que la interoperabilidad contribuye directamente al crecimiento económico a través del incremento de la productividad y de la racionalidad en el empleo de recursos y, por tanto, la señala como uno de los retos principales para la creación de un espacio europeo de información, y como esencial para el desarrollo de servicios públicos mediante tecnologías de la información y las comunicaciones.

La adhesión a estándares abiertos facilita que los diversos actores puedan participar en la sociedad de la información, utilizando sus opciones tecnológicas preferidas, sin verse
condicionados a la utilización o adquisición de entornos tecnológicos concretos, a la vez que se facilita una mayor concurrencia en el mercado.

Existen algunos criterios políticos que deben impregnar las políticas públicas en materia de software:

Al buscar soluciones de software se debe hacer siempre en términos de racionalidad técnica y económica, valorando la oferta global y considerando coste, funcionalidad, interoperabilidad y seguridad, teniendo en cuenta los estándares abiertos y el software libre como fuente importante de desarrollo de software.

Como defensores de la libertad personal, de la libertad de opción de la ciudadanía, queremos que las personas puedan interactuar con la Administración sin condicionar a la ciudadanía a la utilización o, en su caso, adquisición de un software determinado para ejercer sus derechos.

Facilitar la interoperabilidad con los ciudadanos y entre las Administraciones Públicas, velando porque todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a la información disponible por el medio electrónico, evitando situaciones de perjuicio por la insuficiente concurrencia en el mercado, así como facilitando la utilización de las distintas modalidades lingüísticas.

En el ámbito de la enseñanza y la formación, la Administración debe promover la educación en los estándares abiertos y en la independencia tecnológica. Así, se debe fomentar una formación orientada a la función, más que a la creación de meros usuarios de productos concretos sin mayor perspectiva o capacitación fuera de los mismos.

Para el desarrollo de la sociedad de la información es importante la existencia de múltiples proyectos empresariales y de creación de software, que generen oferta competitiva tanto en software propietario como libre.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a profundizar, incidir y poner en marcha las siguientes políticas:

  1. Actuar desde el principio general de generar libertad de opción y elección entre la ciudadanía.
  2. El Gobierno aplicará los criterios de idoneidad, seguridad e interoperabilidad tecnológica en el momento de adquirir software, valorando la oferta global, según lo previsto en los marcos jurídicos relativos a la tramitación electrónica del procedimiento administrativo y a la contratación pública y, en cualquier caso, de racionalidad técnica y económica, con el nivel de madurez y coherencia adecuado al previsible impacto con el respeto al marco comunitario establecido para la contratación.
  3. Fomentar y garantizar el impulso y adopción de estándares abiertos desde la Administración del Estado.
  4. Profundizar en las políticas de I+D+i que favorezcan la industria y el desarrollo de software libre y de código abierto en España, que fomenten la adopción y la creación de estándares abiertos de software, y que promuevan la generación de soluciones que sólo existen bajo la forma de software propietario en el caso de aplicaciones destinadas al uso de la ciudadanía.
  5. Promover la ejecución en toda la Administración General del Estado de lo previsto en los “criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades” y en la “propuesta de recomendaciones a la Administración General del Estado sobre software libre y de fuentes abiertas” de mayo de 2005 y, en concreto, promover el impulso de lo previsto en la mencionada propuesta, para mejorar la racionalidad técnica y económica en las compras públicas.
  6. El Gobierno tendrá muy en cuenta los criterios de la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo, sobre “Interoperabilidad para unos servicios de Administración electrónica pan-europeos”, de 13 de febrero de 2006.
  7. Introducir el criterio de que en todo concurso público o compra de aplicaciones o desarrollos a medida por parte de la Administración Pública se deben evaluar tanto las soluciones de software libre como las de software propietario, en caso de existir, bajo los criterios de coste, funcionalidad, seguridad e interoperabilidad, evitando recomendaciones o preferencias sólo en función del tipo de licencia de la solución.
  8. Los programas y aplicaciones de la Administración General del Estado o compartidas con las Comunidades Autónomas destinadas a la ciudadanía se distribuirán en las diferentes lenguas del Estado. Igualmente, se promoverá la existencia de aplicaciones en las diversas lenguas del Estado.
  9. Basar los planes de formación de toda la Administración del Estado, tanto los dirigidos a su personal como a la ciudadanía, en fomentar una formación orientada a la función, más que a la creación, de meros usuarios de productos concretos.»

Aprobada por el Pleno del Congreso de los diputados
12 de diciembre de 2006


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